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Jueves, 17 de Marzo de 2016 02:34
en Diputados

La diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, presentó un proyecto de ley que garantiza el acceso a la información en todos los estamentos del Estado. "Es una herramienta de transparencia que incluso puso en vigencia el kirchnerismo a nivel nacional, pero en Santa Cruz es una deuda pendiente", explicó. "Necesitamos urgente mecanismos de transparencia en el manejo de los asuntos públicos".

 
La diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, presentó un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública que tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria de la Legislatura provincial. La norma, que lleva el acompañamiento de diputados de la UCR y el Frente Renovador, ya había sido trabajada y presentada en 2008, durante el primer mandato de la diputada. Pero el bloque oficialista de entonces la rechazó.
 
"El acceso de la ciudadanía a la información pública, garantizado por ley, es uno de los derechos básicos con el que debería cumplir el Estado en Santa Cruz", afirmó Mestelán, quien detalló que "incluso el ex presidente Néstor Kirchner dictó un decreto de acceso a la información en 2003, que fue de utilidad para conocer algunos temas, como la reciente definición judicial de difundir el acuerdo YPF-Chevrón que se apoyó en ese decreto". "Pero en Santa Cruz sigue siendo una deuda pendiente", agregó.
 
La diputada explicó que el acceso a la información "es un derecho que está en la base de todos los demás derechos, tiene rango constitucional y se sustenta en pactos y convenciones internacionales de los que el Estado argentino forma parte". Sin embargo, "en Santa Cruz ya fracasaron proyectos presentados por la oposición en 1997 y en 2006. Algunos indicios indican que están dadas las condiciones para que el Congreso de la Nación sancione una ley." 
 
PUNTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
 
A través de un trámite sencillo y en plazos estipulados, este proyecto de ley obliga al Estado a brindar información de interés público a cualquier ciudadano que lo requiera; establece una serie de mecanismos para su aplicación y, a su vez, plantea una serie de excepciones. 
 
Tal como destaca en sus fundamentos, "no se trata del acceso a la noticia, sino de un acceso directo a la fuente de información" y "le brinda a las personas el mecanismo para conocer la información contenida en archivos, estadísticas o registros en poder del Estado, y por ende significa un instrumento imprescindible para lograr la participación de cada uno de los ciudadanos  en los asuntos públicos."
 
Según su artículo segundo, la norma alcanza "a los órganos de la administración pública central y descentralizada, a los entes públicos no estatales, al Poder Legislativo de la Provincia, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y al Poder Judicial, en este último caso en todo aquello relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas o reglamentarias." 
 
También incluye a "los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Provincial, a las sociedades del Estado o de propiedad del Estado, y a las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público."
 
POR QUÉ ES HOY MÁS NECESARIA 
 
"Una ley de acceso a la información le daría herramientas no sólo a la oposición o al periodismo, sino a la sociedad civil en su conjunto. Nos permite requerir información de interés público a distintos estamentos del gobierno, incluso a nosotros, los legisladores de la oposición", detalló la diputada de Encuentro Ciudadano. 
 
Mestelán ejemplificó que "con esta ley los organismos de control de las obras concedidas a Lázaro Báez a lo largo de todos estos años, o algunos intendentes que manejaron fondos de Nación con descarada discrecionalidad, se verían obligados a rendir cuentas con papeles y documentación si la ciudadanía lo solicita." 
 
"Santa Cruz necesita urgente mecanismos de transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Es un deber del gobierno rendir cuentas y es un derecho de los ciudadanos acceder a la información. No admite dilación alguna dar este debate en la Cámara de Diputados", finalizó.
 

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